sábado, 26 de septiembre de 2015

UNA RECETA CONTRA LA CRISIS: DEROGAR LA LEY DE CARRERA MILITAR



En el delicado momento que atraviesa nuestra nación, azotada por una crisis económica sin precedentes y una imperiosa necesidad de reducir el gasto público, se anuncian ya las primeras medidas drásticas de recorte del gasto social. Muchos españoles se preguntan ahora si no había otra manera de reducir el gasto. Y la respuesta no es ni mucho menos fácil. Se habla frecuentemente de la reducción de altos cargos ó de carteras, una medida más simbólica que otra cosa y que tiene escasa repercusión en el gasto directo, aunque pueda tener consecuencias respecto de la imagen pública de la clase política y la confianza del ejecutivo. A falta de un análisis en mayor profundidad, no cabe duda que la administración hasta ahora no ha funcionado preocupada por el gasto que genera su actividad; de hecho existe una natural tendencia de los responsables políticos de hacer crecer constantemente sus administraciones devorando recursos, en vez de tender a optimizarlos. William Niskanen definió este efecto para los funcionarios públicos pero probablemente es mayor en los responsables políticos en los países, donde como España, el sector público tiene un peso importante en la economía nacional. Aparentemente este crecimiento indefinido del gasto público, tiene su base en la mejoría de la eficacia de la administración, pero no se plantea si esa supuesta mejoría se compensa con el coste que genera.
           
La ley de Carrera Militar es un claro ejemplo de derroche, que aunque todavía no ha supuesto un incremento excesivo en el presupuesto, acabará suponiendo un auténtico despilfarro. Un claro ejemplo de gestión administrativa que genera un enorme gasto, probablemente superfluo.
El primer gasto prescindible procede de la controvertida integración de Escalas. El legislador, si deseaba eliminar las Escalas Auxiliares y tender a una Escala Única podía haber declarado la Antigua Escala de Oficiales a extinguir e ir convergiendo a una Escala de forma progresiva a medida que van incorporándose nuevos Oficiales. En lugar de ello ha optado por integrar a todos los activos en una Escala Única desde ya, impartiendo costosos cursos de adaptación que merman el erario público. Paradójicamente estos cursos no están incrementando en gran medida la preparación de los Oficiales ya que por no impartir los periodos preceptivos, se ha optado por un curso “abreviado” que ya está en el Tribunal Constitucional por serias y razonables dudas sobre su capacidad para alcanzar los mismos efectos que el curso de cinco años académicos que ha cursado la antigua Escala Superior. En definitiva se ha optado por una solución intermedia entre el “gratis total” flagrantemente inconstitucional que hubiese supuesto la equivalencia de ambas Escalas sin trámite alguno, y el “inalcanzable por lo oneroso” que hubiese supuesto impartir el curso completo de dos años en fase presencial. La “chapuza” intermedia no ha podido, de todas maneras, evitar un coste superfluo ni tampoco acabar en el Alto Tribunal.

El segundo derroche será consecuencia de la nueva Enseñanza Militar para Oficiales. Con el nuevo sistema Defensa impartirá simultáneamente la formación como Oficial y la de licenciado universitario de Ingeniería. Esta formación no se amortiza en su totalidad ya que no todos los que finalicen la Carrera serán Oficiales, sino solamente los que obtengan plaza. El resto se incorporará a la vida civil con un título universitario costeado por Defensa, claro.
El tercer derroche proviene del cambio de sistema de ascensos. A partir del ascenso al segundo empleo militar tanto los Oficiales como los Suboficiales ya no serán ascendidos por antigüedad sino que serán clasificados en una relación en la que forzosamente habrá menos vacantes que evaluados. En consecuencia en cada ciclo quedarán Oficiales y Suboficiales sin ascender que serán evaluados en el siguiente ciclo. Sin embargo lo que sucederá en un futuro no muy lejano es que empiecen a llenar el escalafón los retenidos. Retenido es aquel que por no superar tres ó cuatro evaluaciones no vuelve a ser clasificado y por lo tanto no asciende. No hay manera alguna de evitar que existan retenidos ya que las fórmulas de clasificación valoran conceptos que difícilmente un profesional puede modificar sustancialmente en un periodo corto de dos ó tres años, ya que se valora una trayectoria de quince ó más. Si el número de retenidos aumenta demasiado el escalafón se bloquea, pues no dejan libres vacantes para los empleos inferiores. Como consecuencia de ello, el efecto deseado por la ley de ascender a Oficiales y Suboficiales más jóvenes y supuestamente mejor preparados no se logra. Para evitar esta situación de bloqueo la ley prevé que los retenidos pasen a la reserva de forma voluntaria ó forzosa. Esto implicará que Defensa retirará a profesionales con menos de cincuenta años y tendrá que pagar pensiones ó incluso salarios, dependiendo de los años de servicio, a personal que no está en activo mientras que promociona jóvenes profesionales para cubrir su plaza. En un momento en que el Gobierno ha planteado retrasar la edad de jubilación a los 67, por sostenibilidad del sistema de pensiones, está en vigor una ley que retirará militares con menos de sesenta, incluso cincuenta años.
Las fórmulas a través de las cuales se han iniciado los procesos de clasificación para el ascenso, aprobadas por la Orden Ministerial 17/2009, han sido analizadas por el Centro de Investigación Operativa de la Defensa, un organismo dependiente de la Secretaría General Técnica del Ministerio.
En su informe se demuestra matemáticamente que los resultados de aplicar las fórmulas son (en palabra del propio estudio) grotescos, afirmando literalmente que “el profesional no pueda orientar adecuadamente su esfuerzo al ser el resultado de la calificación  prácticamente aleatorio”; o “el proceso es altamente inestable, no ofrece ninguna garantía de que su aplicación proporcione resultados coherentes y es, en consecuencia, injusto y contrario a lo que persigue la propia Ley. Es decir el proceso de evaluación proporciona un regla de decisión formalmente análoga a la de decidir el ascenso mediante el lanzamiento de una moneda.” Y en las conclusiones afirma que:

“... el proceso de elección y clasificación adoptado por el Ministerio de Defensa pueda ser considerado:
Irracional, por cuanto que en determinadas circunstancias, perfectamente plausibles, proporciona resultados anómalos incompatibles con criterios objetivos de elección.
Arbitrario e ineficaz, por cuanto que en determinadas circunstancias,
perfectamente plausibles, no sólo no garantiza la elección de los más cualificados para el ascenso ni de los más idóneos para el desempeño de los distintos destinos, sino que propicia precisamente lo contrario.
Difícilmente gestionable, por cuanto dificulta al Ministerio de Defensa el establecimiento de una política de personal racional, creando una incertidumbre considerable sobre la forma en que evolucionarán, en un futuro, los escalafones de los distintos cuerpos y escalas.
Incierto, por cuanto dificulta a los Mandos o Jefaturas de Personal asumir la función de orientación de la carrera profesional de los militares, quienes no disponen de un criterio estable para adecuar el esfuerzo que se les exige consecuencia de su permanente formación y capacitación.
Innecesario en lo que al mecanismo de retención se refiere ya que es perfectamente factible alcanzar las plantillas fijadas sin necesidad de retener a un número superior al 1% en determinados empleos.”

Estas afirmaciones tan contundentes son la consecuencia de aplicar las fórmulas a unos supuestos frentes de clasificación (pero altamente probables) en los que una modificación mínima de un concepto ó la eliminación de un evaluado del frente provocan un terremoto en la clasificación hasta el punto de que el primer clasificado se quede el último y viceversa. Asimismo se demuestra como un evaluado con todos sus conceptos levemente superiores a la media del frente se queda el penúltimo ó uno con todos los conceptos levemente por debajo de la media quede segundo en el frente. 
Si por algo se caracterizan las matemáticas es que son ciencias exactas. Es decir no son subjetivas ni opinables, son indiscutibles. O eso creíamos hasta ahora.
Llama la atención como después de emitirse este informe, y pese a haber sido publicado en la prensa digital, no se produce ningún revuelo. Dejo a la reflexión del lector el efecto que hubiese producido en otro colectivo que no fuese el de los miembros de las Fuerzas Armadas. Defensa no solamente no ha revisado los procesos de clasificación tras recibir este informe, elaborado por un organismo propio, sino que ni siquiera lo ha modificado para los próximos procesos de clasificación. Lo más llamativo es que el Ministerio de Defensa tan solo un año después de la entrada en vigor de la ley y con sólo un ciclo de ascensos en el que se han aplicado estos criterios, ya ha reconocido errores. La OM 12/2010 modifica las OM 17/2009 y 18/2009 aunque no modifica lo sustancial, que es lo arbitrario que resultan las clasificaciones obtenidas a través de las fórmulas. En su lugar se ha decidido reducir los mínimos de la relación entre evaluados y vacantes y aumentar las modificaciones que arbitrariamente pueden hacer las juntas de evaluación sobre los resultados de las fórmulas. Es decir un arreglo chapucero más, que junto a las modificaciones que se tramitaron a través de la ley de presupuestos de 2009 constituyen pequeños parches absolutamente incapaces de cerrar los múltiples agujeros que desde su origen tiene la ley 39/2007.

Pues bien, el informe aludido también prevé negativas consecuencias para la economía nacional:
La retención es extraordinariamente onerosa en términos de hombres año y de las bajas que habría que forzar para evitar el colapso de los empleos”.

Concluyendo dice que el sistema es:
Antieconómico, por cuanto supone un coste de mantenimiento muy superior al del modelo anterior proporcionando resultados netamente inferiores a éste
Y mi conclusión final es que ya que se ha hecho oídos sordos a los miles de recursos administrativos y contenciosos y también a las recomendaciones desde diversos foros por razones presuntamente políticas, ya que la motivación de los militares no es un tema prioritario, es hora de atender al menos a las consideraciones de orden económico, que en el momento actual, son la máxima prioridad. Un país como España, que ya ha decidido recortar sueldos públicos y congelar pensiones no se puede permitir por más tiempo leyes, que lejos de mejorar el funcionamiento de la administración, suponen un auténtico lastre para la economía.

Enlace donde fue publicado el documento de referencia:

Artículo publicado en la revista Atenea nº 17, junio de 2010:

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