En el delicado momento que atraviesa nuestra nación,
azotada por una crisis económica sin precedentes y una imperiosa necesidad de
reducir el gasto público, se anuncian ya las primeras medidas drásticas de
recorte del gasto social. Muchos españoles se preguntan ahora si no había otra
manera de reducir el gasto. Y la respuesta no es ni mucho menos fácil. Se habla
frecuentemente de la reducción de altos cargos ó de carteras, una medida más
simbólica que otra cosa y que tiene escasa repercusión en el gasto directo,
aunque pueda tener consecuencias respecto de la imagen pública de la clase
política y la confianza del ejecutivo. A falta de un análisis en mayor
profundidad, no cabe duda que la administración hasta ahora no ha funcionado
preocupada por el gasto que genera su actividad; de hecho existe una natural
tendencia de los responsables políticos de hacer crecer constantemente sus
administraciones devorando recursos, en vez de tender a optimizarlos. William Niskanen
definió este efecto para los funcionarios públicos pero probablemente es mayor
en los responsables políticos en los países, donde como España, el sector
público tiene un peso importante en la economía nacional. Aparentemente este
crecimiento indefinido del gasto público, tiene su base en la mejoría de la
eficacia de la administración, pero no se plantea si esa supuesta mejoría se
compensa con el coste que genera.
La ley de Carrera Militar es un claro ejemplo de derroche,
que aunque todavía no ha supuesto un incremento excesivo en el presupuesto,
acabará suponiendo un auténtico despilfarro. Un claro ejemplo de gestión
administrativa que genera un enorme gasto, probablemente superfluo.
El primer gasto prescindible procede de la controvertida
integración de Escalas. El legislador, si deseaba eliminar las Escalas
Auxiliares y tender a una Escala Única podía haber declarado la Antigua Escala de
Oficiales a extinguir e ir convergiendo a una Escala de forma progresiva a
medida que van incorporándose nuevos Oficiales. En lugar de ello ha optado por
integrar a todos los activos en una Escala Única desde ya, impartiendo costosos
cursos de adaptación que merman el erario público. Paradójicamente estos cursos
no están incrementando en gran medida la preparación de los Oficiales ya que
por no impartir los periodos preceptivos, se ha optado por un curso “abreviado”
que ya está en el Tribunal Constitucional por serias y razonables dudas sobre
su capacidad para alcanzar los mismos efectos que el curso de cinco años
académicos que ha cursado la antigua Escala Superior. En definitiva se ha
optado por una solución intermedia entre el “gratis total” flagrantemente
inconstitucional que hubiese supuesto la equivalencia de ambas Escalas sin
trámite alguno, y el “inalcanzable por lo oneroso” que hubiese supuesto
impartir el curso completo de dos años en fase presencial. La “chapuza”
intermedia no ha podido, de todas maneras, evitar un coste superfluo ni tampoco
acabar en el Alto Tribunal.
El segundo derroche será consecuencia de la nueva Enseñanza
Militar para Oficiales. Con el nuevo sistema Defensa impartirá simultáneamente
la formación como Oficial y la de licenciado universitario de Ingeniería. Esta
formación no se amortiza en su totalidad ya que no todos los que finalicen la Carrera serán Oficiales,
sino solamente los que obtengan plaza. El resto se incorporará a la vida civil
con un título universitario costeado por Defensa, claro.
El tercer derroche proviene del cambio de sistema de
ascensos. A partir del ascenso al segundo empleo militar tanto los Oficiales
como los Suboficiales ya no serán ascendidos por antigüedad sino que serán
clasificados en una relación en la que forzosamente habrá menos vacantes que
evaluados. En consecuencia en cada ciclo quedarán Oficiales y Suboficiales sin
ascender que serán evaluados en el siguiente ciclo. Sin embargo lo que sucederá
en un futuro no muy lejano es que empiecen a llenar el escalafón los retenidos.
Retenido es aquel que por no superar tres ó cuatro evaluaciones no vuelve a ser
clasificado y por lo tanto no asciende. No hay manera alguna de evitar que
existan retenidos ya que las fórmulas de clasificación valoran conceptos que
difícilmente un profesional puede modificar sustancialmente en un periodo corto
de dos ó tres años, ya que se valora una trayectoria de quince ó más. Si el
número de retenidos aumenta demasiado el escalafón se bloquea, pues no dejan
libres vacantes para los empleos inferiores. Como consecuencia de ello, el
efecto deseado por la ley de ascender a Oficiales y Suboficiales más jóvenes y
supuestamente mejor preparados no se logra. Para evitar esta situación de
bloqueo la ley prevé que los retenidos pasen a la reserva de forma voluntaria ó
forzosa. Esto implicará que Defensa retirará a profesionales con menos de
cincuenta años y tendrá que pagar pensiones ó incluso salarios, dependiendo de
los años de servicio, a personal que no está en activo mientras que promociona
jóvenes profesionales para cubrir su plaza. En un momento en que el Gobierno ha
planteado retrasar la edad de jubilación a los 67, por sostenibilidad del
sistema de pensiones, está en vigor una ley que retirará militares con menos de
sesenta, incluso cincuenta años.
Las fórmulas a través de las cuales se han iniciado los
procesos de clasificación para el ascenso, aprobadas por la Orden Ministerial
17/2009, han sido analizadas por el Centro de Investigación Operativa de la Defensa, un organismo
dependiente de la
Secretaría General Técnica del Ministerio.
En su informe se demuestra matemáticamente que los resultados
de aplicar las fórmulas son (en palabra del propio estudio) grotescos,
afirmando literalmente que “el
profesional no pueda orientar adecuadamente su esfuerzo al ser el resultado de
la calificación prácticamente aleatorio”;
o “el proceso es altamente inestable, no
ofrece ninguna garantía de que su aplicación proporcione resultados coherentes y es, en
consecuencia, injusto y contrario a lo que persigue la propia Ley.
Es decir el proceso de
evaluación proporciona un regla de decisión formalmente análoga a la de decidir
el ascenso mediante el lanzamiento de una moneda.” Y en las conclusiones
afirma que:
“... el proceso de elección y clasificación adoptado por el Ministerio de
Defensa pueda ser considerado:
Irracional, por cuanto que en determinadas
circunstancias, perfectamente plausibles, proporciona resultados anómalos incompatibles
con criterios objetivos de elección.
Arbitrario e ineficaz, por cuanto que en determinadas
circunstancias,
perfectamente plausibles, no sólo no
garantiza la elección de los más cualificados para el ascenso ni de los más
idóneos para el desempeño de los distintos destinos, sino que propicia
precisamente lo contrario.
Difícilmente gestionable, por cuanto dificulta
al Ministerio de Defensa el establecimiento de una política de personal racional,
creando una incertidumbre considerable sobre la forma en que evolucionarán, en
un futuro, los escalafones de los distintos cuerpos y escalas.
Incierto, por cuanto dificulta a los Mandos o
Jefaturas de Personal asumir la función de orientación de la carrera
profesional de los militares, quienes no disponen de un criterio estable para
adecuar el esfuerzo que se les exige consecuencia de su permanente formación y
capacitación.
Innecesario en lo que al mecanismo de retención se
refiere ya que es perfectamente factible alcanzar las plantillas fijadas sin
necesidad de retener a un número superior al 1% en determinados empleos.”
Estas afirmaciones tan contundentes son la consecuencia de aplicar las
fórmulas a unos supuestos frentes de clasificación (pero altamente probables)
en los que una modificación mínima de un concepto ó la eliminación de un
evaluado del frente provocan un terremoto en la clasificación hasta el punto de
que el primer clasificado se quede el último y viceversa. Asimismo se demuestra
como un evaluado con todos sus conceptos levemente superiores a la media del
frente se queda el penúltimo ó uno con todos los conceptos levemente por debajo
de la media quede segundo en el frente.
Si por algo
se caracterizan las matemáticas es que son ciencias exactas. Es decir no son
subjetivas ni opinables, son indiscutibles. O eso creíamos hasta ahora.
Llama la
atención como después de emitirse este informe, y pese a haber sido publicado
en la prensa digital, no se produce ningún revuelo. Dejo a la reflexión del
lector el efecto que hubiese producido en otro colectivo que no fuese el de los
miembros de las Fuerzas Armadas. Defensa no solamente no ha revisado los
procesos de clasificación tras recibir este informe, elaborado por un organismo
propio, sino que ni siquiera lo ha modificado para los próximos procesos de
clasificación. Lo más llamativo es que el Ministerio de Defensa tan solo un año
después de la entrada en vigor de la ley y con sólo un ciclo de ascensos en el
que se han aplicado estos criterios, ya ha reconocido errores. La OM 12/2010 modifica las OM
17/2009 y 18/2009 aunque no modifica lo sustancial, que es lo arbitrario que
resultan las clasificaciones obtenidas a través de las fórmulas. En su lugar se
ha decidido reducir los mínimos de la relación entre evaluados y vacantes y
aumentar las modificaciones que arbitrariamente pueden hacer las juntas de
evaluación sobre los resultados de las fórmulas. Es decir un arreglo chapucero
más, que junto a las modificaciones que se tramitaron a través de la ley de
presupuestos de 2009 constituyen pequeños parches absolutamente incapaces de
cerrar los múltiples agujeros que desde su origen tiene la ley 39/2007.
Pues bien, el informe aludido también prevé negativas
consecuencias para la economía nacional:
“La retención es extraordinariamente onerosa
en términos de hombres año y de las bajas que habría que forzar para evitar el
colapso de los empleos”.
Concluyendo dice que el sistema es:
“Antieconómico, por cuanto supone un coste de
mantenimiento muy superior al del modelo anterior proporcionando resultados
netamente inferiores a éste”
Y mi conclusión final es
que ya que se ha hecho oídos sordos a los miles de recursos administrativos y
contenciosos y también a las recomendaciones desde diversos foros por razones
presuntamente políticas, ya que la motivación de los militares no es un tema
prioritario, es hora de atender al menos a las consideraciones de orden
económico, que en el momento actual, son la máxima prioridad. Un país como España,
que ya ha decidido recortar sueldos públicos y congelar pensiones no se puede
permitir por más tiempo leyes, que lejos de mejorar el funcionamiento de la
administración, suponen un auténtico lastre para la economía.
Enlace
donde fue publicado el documento de referencia:
Artículo
publicado en la revista Atenea nº 17, junio de 2010:
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